Resumen
Entre 1977 y 1988, se produjo una epidemia de violencia antiaborto en Estados Unidos, con 110 casos de incendios provocados, bombas incendiarias o bombas. La epidemia alcanzó su punto máximo en 1984, cuando se produjeron 29 ataques. Casi todos los lugares (98%) eran clínicas que practicaban abortos. Hubo instalaciones en 28 estados y en el Distrito de Columbia. La tasa nacional de violencia fue de 3,7 por cada 100 proveedores de abortos y de 7,2 por cada 100 proveedores de abortos no hospitalarios. El índice nacional de violencia por cada 100.000 abortos realizados fue de 0,6. Los incendios provocados fueron el tipo de violencia más frecuente (39% de todos los casos) y el más perjudicial (coste medio de 141.000 dólares). La epidemia parece ser parcialmente atribuible a múltiples brotes puntuales de violencia causados por un pequeño número de individuos o grupos. Hasta la fecha se ha condenado a 33 personas. El enérgico enjuiciamiento de los autores y el resurgimiento de las clínicas después de los daños probablemente ayudaron a frenar la epidemia.
PIP: Entre 1977-88 hubo una epidemia de violencia dirigida contra las clínicas de aborto. Estos ataques consistieron en 110 casos de incendios provocados, bombas incendiarias o bombas. En 1984 la epidemia alcanzó un pico con 29 ataques. El 98% de los lugares eran clínicas que prestaban servicios de aborto. Este estudio analiza la frecuencia de los atentados por estados basándose en 3 denominadores diferentes: 1) número de proveedores de abortos, 2) número acumulado de abortos realizados entre 1977-88, 3) número estimado de mujeres en el grupo de edad de 15-44 años a partir del 1 de julio de 1982. Durante el periodo de estudio 1977-88, la Federación Nacional del Aborto informó de los siguientes actos violentos contra clínicas 222 invasiones de clínicas, 220 actos de vandalismo en clínicas, 216 amenazas de bomba, 65 amenazas de muerte, 46 asaltos y agresiones, 20 robos y 2 secuestros. La investigación enérgica y las condenas han frenado la epidemia. La sentencia más larga dictada fue de 30 años y la mayor multa fue de 350.000 dólares. El mayor efecto que ha tenido es el financiero. El coste directo es de 7,6 millones de dólares, pero esto no incluye el coste de las clínicas destruidas y no reconstruidas. No incluye el coste de los gastos relacionados con los abogados y la seguridad, el aumento de los seguros, los nuevos requisitos de licencia y la contratación de personal. Tampoco se incluye en esta cifra el tiempo perdido en la espera de las reparaciones y la reprogramación de los pacientes en otros centros. La violencia de esta naturaleza no hace nada para acabar con el debate sobre el aborto, tampoco reduce el número de abortos. Sólo eleva el coste del aborto, y pone en dificultades a las mujeres que buscan abortar. La educación sexual, la responsabilidad personal y un uso más extendido y eficaz de los anticonceptivos reducirían la necesidad de abortar.